Denuncian presuntas irregularidades en el Juzgado Tercero de lo Civil en San Luis Potosí durante ejecución de desalojo; señalan posible operación de redes de despojo inmobiliario

Acusan fallas en revisión de gravámenes y advierten sobre el riesgo de “mafias del despojo” que operarían mediante juicios simulados y documentos presuntamente falsificados

San Luis Potosí, SLP.— En San Luis Potosí han surgido denuncias ciudadanas que señalan presuntas irregularidades durante la ejecución de un desalojo realizado en el Juzgado Tercero de lo Civil del Poder Judicial del Estado, en un contexto donde también se advierte la posible existencia de redes dedicadas al despojo ilegal de viviendas.

De acuerdo con los señalamientos, el caso estaría relacionado con un inmueble ubicado en la capital potosina, el cual presuntamente forma parte de un proceso civil donde existían antecedentes legales, como una garantía vinculada a un juicio de pensión alimenticia y registros de posibles actos de compraventa previos.

Las denuncias sostienen que, pese a la existencia de documentos y alegatos presentados ante la autoridad judicial, el juzgado habría procedido con la ejecución del desalojo sin una revisión exhaustiva de los gravámenes y antecedentes registrales del inmueble, lo que ha generado cuestionamientos sobre el actuar del órgano jurisdiccional.

En este contexto, los denunciantes advierten que este tipo de situaciones podrían estar relacionadas con un problema más amplio en el estado y en el país: la operación de redes de despojo inmobiliario, conocidas como “mafias del despojo” o “cárteles inmobiliarios”, que presuntamente operan mediante una estructura de corrupción que involucra a despachos jurídicos, notarías, autoridades locales y, en algunos casos, instancias judiciales.

Estas redes, según lo señalado en diversas denuncias públicas, operarían a través de distintos mecanismos como la fabricación de documentos, utilizando presuntas escrituras o contratos apócrifos elaborados con apoyo de notarios; juicios simulados, en los que se promueven demandas sin conocimiento de los legítimos propietarios para obtener resoluciones favorables; y la ejecución de desalojos que en algunos casos serían realizados de manera violenta o sin agotar el debido proceso.

Asimismo, se advierte que tras la toma de posesión de los inmuebles, estos podrían ser objeto de venta o reventa a terceros, lo que complicaría la recuperación legal por parte de los propietarios originales y generaría un esquema de aparente legalidad sobre bienes presuntamente despojados.

En el caso específico señalado, también se ha cuestionado la actuación del personal del Juzgado Tercero de lo Civil, particularmente por la presunta falta de atención a los argumentos y pruebas presentadas por las partes involucradas antes de la ejecución de la diligencia.

Los denunciantes consideran que estos hechos evidenciarían posibles fallas institucionales en la revisión de expedientes y en la garantía del debido proceso, lo que, de confirmarse, podría abrir la puerta a abusos dentro del sistema de justicia civil.

Hasta el momento, el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí no ha emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos ni sobre el caso específico del desalojo referido.

Las denuncias continúan generando preocupación entre sectores ciudadanos, quienes advierten la necesidad de fortalecer los mecanismos de control judicial, la verificación registral de inmuebles y la supervisión de procedimientos civiles para evitar posibles actos de despojo bajo apariencia legal.