Proceso penal contra dos funcionarios ligados al caso de la Guardería ABC podrá continuar tras fallo de la Corte, informa la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el proceso penal en contra de dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) vinculados al caso de la Guardería ABC podrá continuar su curso legal. Lo anterior se determinó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que los delitos cometidos en perjuicio de los menores de edad en dicha tragedia no han prescrito, permitiendo el avance de las acciones judiciales.

A través de un comunicado oficial, la institución ministerial detalló que los exservidores públicos se encuentran procesados bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión. Los hechos que originaron esta causa penal ocurrieron el 5 de junio de 2009 en un establecimiento de Hermosillo, Sonora, dejando un saldo de 49 menores fallecidos y decenas de lesionados.

Argumentos de la defensa y resolución de la Suprema Corte

El curso del procedimiento legal se encontraba pausado debido a los recursos interpuestos por la representación legal de los imputados:

• Petición de prescripción: El exfuncionario Sergio Antonio Salazar promovió un juicio de amparo indirecto, argumentando que el tiempo para ejercer la acción penal ya había caducado y rechazando la aplicación de las normativas especiales contempladas en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Negativa del juzgado: Un Juzgado de Distrito negó inicialmente la protección constitucional solicitada por la defensa, lo que motivó un recurso de revisión que fue atraído directamente por el máximo tribunal del país.
• Fallo de imprescriptibilidad: Los ministros determinaron que no resulta procedente la prescripción de los delitos debido a que las afectaciones involucran violaciones graves a los derechos de la niñez y faltas estructurales de seguridad en las salidas de emergencia de la guardería.

Garantía de continuidad en el caso: Con la resolución emitida por el Máximo Tribunal, la Fiscalía General de la República cuenta con el respaldo jurídico definitivo para reanudar las diligencias correspondientes y desahogar las pruebas pendientes en el proceso penal. Las autoridades judiciales reiteraron que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia y esclarecer las responsabilidades institucionales en una de las peores tragedias infantiles registradas en la historia contemporánea de México.