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Emilio Lozoya logra acuerdo para evitar proceso por defraudación fiscal; pagará más de 2.6 mdp

Antes de formular imputación, la defensa de Emilio Lozoya le informó al juez de control que luego de conocer el presunto daño patrimonial, se comunicó con los representantes de la Secretaría de Hacienda para encontrar un mecanismo alterno de solución

  • El juez concedió un mes de plazo para que la Secretaría de Hacienda le informe si continuará abierta la investigación

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se comprometió a pagar 2 millones 695 mil 975 pesos antes de ser acusado del delito de defraudación fiscal.

Este martes, durante una audiencia que duró 20 minutos, la Fiscalía General de la República (FGR) pretendía acusar al exdirector de Pemex, en una nueva causa penal, de omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal de 2016.

La audiencia que estaba programada a las 4 de la tarde, se realizó de manera virtual.

En la sala 1 de juicios orales, del Reclusorio Sur, comparecieron vía internet todas las partes.

Emilio Lozoya, con cubreboca, se encontraba en un cuarto desde el Reclusorio Norte. Sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Pruneda, por separado, en oficinas diferentes.

El juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, así como los agentes del Ministerio Público Federal y los asesores de la Secretaría de Hacienda, en calidad de parte ofendida, también en distintos sitios conectados vía Internet.

Antes de formular imputación, la defensa de Emilio Lozoya le informó al juez de control que luego de conocer el presunto daño patrimonial, se comunicó con los representantes de la Secretaría de Hacienda para encontrar un mecanismo alterno de solución.

El abogado Alejandro Rojas Pruneda le informó al juez que estaban en la disposición de reparar el presunto daño, y que sólo esperaban que se les entregara una línea de captura, para realizar el pago correspondiente por un monto de 2 millones 695 mil 975 pesos.

Tanto los representantes de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de Hacienda, dijeron estar de acuerdo y el juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinó conceder el plazo de un mes para que la Secretaría de Hacienda le informe si continuará abierta la investigación o si el expediente se manda al archivo.

Al estar todos de acuerdo, el juez de control terminó la audiencia.

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