Libertad de prensa registra niveles mínimos en 25 años; México desciende a la posición 122

CIUDAD DE MÉXICO. – Un reciente informe global ha revelado que la libertad de prensa en el mundo ha caído a sus niveles más bajos en los últimos 25 años, advirtiendo sobre un deterioro generalizado en las garantías para el ejercicio periodístico. En este contexto, México ha retrocedido en la clasificación internacional, ubicándose ahora en el puesto número 122.

Panorama global y retroceso sistemático

El análisis señala que la presión política, la desinformación y el acoso judicial contra periodistas se han intensificado a nivel global. Las restricciones a la libertad de expresión no solo se limitan a regímenes autoritarios, sino que también han comenzado a erosionar democracias consolidadas, creando un entorno de hostilidad creciente para quienes ejercen la labor informativa.

Situación crítica en México

El descenso de México al lugar 122 refleja la persistencia de condiciones adversas para el gremio. Entre los factores que contribuyen a este retroceso se encuentran:

• Violencia e impunidad: El país continúa siendo uno de los más peligrosos para la prensa, con un alto índice de agresiones y asesinatos que permanecen sin resolución judicial.
• Acoso institucional: El informe destaca la retórica estigmatizante desde esferas oficiales, lo que vulnera la seguridad física y profesional de los comunicadores.
• Precariedad y censura: Se observa un aumento en los mecanismos de censura indirecta y una creciente vulnerabilidad económica que afecta la independencia de los medios de comunicación.

Implicaciones para la democracia

El reporte subraya que el debilitamiento de la libertad de prensa es un indicador directo del deterioro de las instituciones democráticas. La falta de acceso a información veraz y el silenciamiento de voces críticas limitan la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada.

Organismos internacionales han hecho un llamado urgente al Estado mexicano y a la comunidad internacional para implementar mecanismos de protección efectivos que garanticen el derecho a la información y la integridad de quienes trabajan en los medios de comunicación, ante lo que se califica como una crisis de libertad de expresión sin precedentes en el último cuarto de siglo.