Ante inseguridad, PJE sin protocolos de seguridad para jueces

Ante los hechos de inseguridad de las últimas semanas en San Luis Potosí, específicamente en sitios donde se imparte justicia, el Poder Judicial del Estado no ha puesto en marcha un protocolo institucional para la protección del personal de seguridad, jueces y magistrados.

Esto, no obstante que el Congreso del Estado le solicitó poner en práctica una serie de medidas que auxilien a quienes asisten y laboran en esos lugares, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social diputado Rubén Guajardo Barrera.

Recordó que desde el año pasado, se pidió a las autoridades correspondientes, que también se protegieran las instalaciones y archivos de los centros de reclusión, a fin de reducir la posibilidad de que los hechos de inseguridad comprometieran el trabajo que se desarrolla desde este tipo de espacios.

Expuso el diputado que “con los recientes hechos de criminalidad, quedó en evidencia que el Poder Judicial es omiso al llamado que le hizo el Congreso del Estado, porque no ha aplicado los protocolos necesarios de seguridad”.

Tampoco ha expuesto un diagnóstico real sobre las condiciones de trabajo de quienes imparten justicia, “y hoy más que nunca, queda descubierto que se requieren tomar medidas preventivas para la protección del personal y además, para salvaguardar el patrimonio de los potosinos».

Señaló Rubén Guajardo que siempre es cuestionable la seguridad en los centros penitenciarios, porque están en una crisis global y su eficacia es  discutible, además no solamente hay que proteger a quiénes están privados de su libertad, sino también a los que se encargan de la impartición de justicia.

«Nos preocupa el peligro en que están expuestos quienes aplican las políticas públicas penitenciarias, pero también el hecho de que el Poder Judicial haya minimizado o desestimado los llamados que le hizo la totalidad del Congreso del Estado de San Luis Potosí desde hace tiempo para proteger al personal”, dijo.

Puntualizó que “ello significa que no están cumpliendo sus obligaciones y responsabilidades; esperamos que la violencia que hoy se vive en todo el país y que se ha agudizado, no afecte la procuración e impartición de Justicia, ni a ninguna persona que labore en este tipo de instituciones».