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*Por Juan Carlos Hernández Ascencio
No cabe duda alguna sobre que la elección por venir será una de las más sobresalientes en el comportamiento de los actores políticos, de la decidida participación de la ciudadanía y por supuesto de la organización de cada etapa del proceso electoral considerando que se elegirán más de 20 mil cargos de elección popular, que además se tendrá un listado nominal por arriba de los 97 millones de votantes y que, con toda seguridad serán las más estratégicas campañas a desenvolverse en los próximo mes del año 2024.
Es así como el Instituto Nacional Electoral en la organización de foros internacionales como la “II Cumbre de la Democracia Electoral de análisis y estudio sobre las redes sociales y la Inteligencia Artificial” se consideró deben generar procesos electorales cada vez más sólidos y contribuir a la democracia de los países de América Latina, lo cual puede ser un referente en el mundo entero. En ello los órganos electorales de México han dado muestra de su vasta experiencia más de 52 países de cómo organizar elecciones por demás profesionales y con resultados creíbles y apegados a la legalidad.
Es por demás loable que en una perspectiva practica los partidos políticos nacionales se propusieran comprometer a firmar un pacto ético de civilidad, con el establecimiento de un marco común de principios, a fin de combatir las noticias falsas y la desinformación y para que el Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024 se lleve a cabo con respeto, veracidad y civilidad, fortaleciendo la cultura democrática de la ciudadanía.
Del mismo modo, se conoció que se pronunciaron en favor de que el Poder Legislativo establezca sanciones a la desinformación, con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, así como por las acciones que generen buenas prácticas y el valor de la verdad entre todas y todos los ciudadanos, con el objetivo de que asuman un papel activo en la prevención y la propagación de las noticias falsas, al igual que para tomar una decisión electoral basada en información verídica y fidedigna.
Para ello hay la necesidad de proteger la integridad de los procesos electorales; establecer compromisos con las empresas tecnológicas, la academia y las organizaciones civiles; llamar a los medios de comunicación a la verificación de las noticias, y garantizar la veracidad de su información como un principio básico para saber qué hacer con la toma de decisiones en la ciudadanía en general.
Se ha dicho que, en la batalla contra la desinformación, el gran reto es preservar y defender los valores constitucionales, enfatizando la generación de una cultura de respeto, y estableciendo como fundamental que los partidos políticos se comprometan con el no uso de la desinformación en las contiendas y en los debates, pues mire usted que la siguiente elección es de esperar una creciente ola de contenidos producto de las mejores estrategias que se puedan imaginar los hacedores de campañas electorales.
Empero es de todos conocido que las campañas electorales lo primero que asoma ante la opinión publica es la denostación, la agresión y regularmente está se ancla durante fechas signadas exclusivamente de la época del proceso electoral, amen de lo que hasta hoy ya hemos presenciado con las adelantadas pre de las precampañas -no oficiales-al menos en la ley vigente. Es por ello propicio y por demás pertinente que la autoridad electoral por excelencia se pronuncie por la firma de un pacto de entendimiento político guardando la civilidad y la ética política para sí determinar las vías por las que deban caminar cada mensaje cierto, creíble, plausible y con contenido de provecho hacia la reflexión del electorado.
Atentos estemos por los tiempos que se aproximan, exijamos verdades completas, no a medias o mentiras disfrazadas de verdades, en ello estriba la forma de que el espectador más importante, el que vota, se defina, por el mejor postor, que el encuentro político partidista en México sea para bien. ¡Sur sum corda!
