- En marzo pasado se le notificó a Mónica que ella, su hermano y su padre estaban acusados de violencia intrafamiliar porque utilizaban sus redes sociales para denunciar el abuso contra las niñas.
En Durango, decenas de personas marcharon en el centro de la capital para exigir justicia para Mónica Peyro, que denunció abuso sexual contra sus hijas y ahora es ella la que está siendo investigada.
En abril de 2020, Mónica Peyro denunció ante la Fiscalía de Durango abuso sexual infantil en contra de sus dos hijas que entonces tenían 4 y 5 años, mientras estaban en custodia de su exesposo, identificado como Mauricio “N”.
“Me percato de estos delitos por comentarios que me hacen mis propias hijas porque regresan a mi cuidado lastimadas de sus partes íntimas”, señaló Mónica Peyro.
En un dictamen de agosto de 2020 detalla que “se encuentran datos compatibles con penetración de antigua data”. en el cuerpo de una de las menores.
“Debido a este hallazgo me indica que acuda con mi hija al hospital materno infantil para que se le hagan pruebas de laboratorio para confirmar o descartar infecciones de transmisión sexual en mi niña; para mi este hallazgo médico es la prueba física de un delito”, dijo Mónica Peyro.
Con este dictamen, Mónica acudió nuevamente a la Fiscalía en agosto a denunciar en ese caso el delito de violación.
Tres meses después, el 12 de noviembre de 2020, la médico legista de la Fiscalía de Durango, Wendy López Marrufo, quien firmó el primer dictamen, cambió su dictamen y dijo que las lesiones de la menor “pueden deberse a otras patologías debido a que la menor no expresa situación de abuso”.
“La médico legista se desdice de su informe pericial. Dice que esas lesiones las pudo haber hecho por cuestiones de estreñimiento o de un supositorio”, apuntó Matías Calvo, abogado defensor.
En marzo pasado se le notificó a Mónica que ella, su hermano y su padre estaban acusados de violencia intrafamiliar porque utilizaban sus redes sociales para denunciar el abuso contra las niñas.
En abril, Mónica y su hermano fueron vinculados a proceso y se les ordenó dejar de publicar en sus redes sociales; en dos meses se conocerá la determinación final.
“Y si yo decidí exigir justicia de manera publica fue porque en las instancias a las que yo acudí para buscar protección y justicia lo único que encontré fue que fuéramos violentadas de vuelta”, apuntó Mónica Peyro.
