El Gobierno de la Capital ejerció el gasto público de manera legal y transparente

• El Ayuntamiento de San Luis Potosí solventó en tiempo y forma el 100 por ciento de las observaciones del IFSE; denuncia que se ha vulnerado el debido proceso y otros principios procesales.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí señala que, desde la administración anterior y durante el trienio actual, su actuación en el ejercicio del gasto público se ha realizado con total apego a la legalidad, la transparencia y con absoluto respeto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La administración municipal lamenta que, tanto el titular del IFSE como el Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia hayan realizado declaraciones de manera parcial, tendenciosa y con un claro y total interés político. Estas expresiones vulneran el debido proceso, tergiversan, confunden y violentan la revisión de las cuentas públicas, cuya responsabilidad institucional de salvaguardar este procedimiento es del propio IFSE.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió el pasado 3 de diciembre del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) el informe de auditoría, cuyas observaciones fueron debidamente solventadas dentro del plazo legal de 30 días hábiles, concluyendo este proceso el pasado jueves 30 de enero de 2025. En este periodo, el Ayuntamiento atendió el 100% de las observaciones presentadas.

A partir del 31 de enero, el IFSE cuenta con un plazo de hasta 60 días hábiles para emitir un informe final, una vez que haya analizado el desahogo de las solventaciones presentadas por el Gobierno de la Capital. Este procedimiento deberá ser notificado al Ayuntamiento de San Luis Potosí de acuerdo a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Ante ello, el Ayuntamiento reitera que actuará con total apego a la ley y seguirá cumpliendo con cada etapa del procedimiento conforme a los tiempos establecidos.

El Gobierno de la Capital señala que el principio más vulnerado durante las últimas semanas es el de institucionalidad, pues las declaraciones recientes ponen en riesgo la buena relación entre el Congreso del Estado, el IFSE y los 59 Ayuntamientos del estado.