Durante la presentación de los cargos en la solicitud de juicio abreviado, la defensa de la ex titular de la Secretaría de Salud, Mónica «N»; se declaró responsable de las acusaciones que la Fiscalía General del Estado presentó en su contra.

Es acusada de uso abusivo de la función pública, asociación delictuosa y fraude por 52 millones de pesos

El fiscal José Luis Ruiz Contreras adelantó que, de ser hallada culpable, Rangel Martínez puede alcanzar hasta 27 años de prisión.

En cambio, la estrategia de la defensa fue la reintegración de los recursos de los que fue acusada, así como la declaratoria de culpabilidad.

-¿Admite usted su responsabilidad por el delito por el cual se le ha acusado? cuestionó el juez de control con la premisa de que la acusada tenia que consultar primero con su defensa.
-Sí, su señoría”, respondió. Mónica «N» con voz entrecortada.

EX SECRETARIA DE SALUD RESULTÓ CULPABLE Y FUE SENTENCIADA: FISCALÍA GENERAL

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió con comunicado donde señala que logró una sentencia condenatoria, a través de un procedimiento abreviado, en contra de la ex secretaria de los Servicios de Salud de la pasada administración estatal.
En la audiencia que se celebró este viernes en el Centro Integral de Justicia de la delegación La Pila, Mónica “N” aceptó su responsabilidad en los delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa.
Fueron litigadores de la Fiscalía los que obtuvieron las pruebas de la culpabilidad de esta persona, consiguiendo del Juez de Control una sentencia de cuatro años y once meses de prisión.
Debido a que la sentencia fue menor a cinco años de cárcel, la defensa solicitó a la autoridad judicial, otra de las figuras del sistema penal acusatorio denominada suspensión condicional de la pena, la cual fue autorizada por el órgano de impartición de justicia.
Asimismo, la acusada pagó el monto de 22 millones 42 mil pesos como reparación del daño a los Servicios de Salud.
La autoridad judicial impuso también 20 mil pesos como garantía del beneficio y 63 mil pesos de sanción pecuniaria para el estado.
Una vez que la acusada pague estos dos últimos montos podrá acceder a concluir en su totalidad su causa penal y a ser excarcelada del centro de reinserción social.
Desde que se interpuso la denuncia respectiva, la FGE llevó a cabo las investigaciones hasta que demostró su culpabilidad; las acciones que efectuó siempre estuvieron apegadas a la ley y a que se resarciera el daño al erario público que ya fue reintegrado por este caso.

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